Pedro Sánchez, el candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno para las próximas elecciones del 26J, ya dijo hace algunas semanas que, para pagar las pensiones, subiría los impuestos. Ahora lo matiza diciendo que propone crear un nuevo impuesto sobre las grandes fortunas y empresas (al que llama «impuesto de solidaridad») para pagar el déficit de ingresos de las cotizaciones sociales la Seguridad Social.
Por una parte, tiene razón al decir que ‘el reto futuro del país’ estará en ‘cómo pagar las pensiones en las próximas décadas’. Pero, según Juan R. Rallo (economista, director del Instituto Juan de Mariana), en su artículo de Opinión en La Razón, del 28-5-16, “No lo pagarán los ricos”, dice que está equivocado el candidato socialista cuando propone “como solución un populista «impuesto a los ricos»”, opinando que falsea, a sus electores y resto de españoles, la “auténtica magnitud del problema al que nos enfrentamos”, porque “en el año 2007 (su mejor año de recaudación) el Impuesto sobre el Patrimonio arrojó unos ingresos fiscales de 1.700 millones de euros, mientras que el déficit de la Seguridad Social en 2015 ascendió a 13.500 millones de euros”.
Y da una serie de datos:
a) Aunque triplicáramos los impuestos sobre el patrimonio “a los más ricos” (5.100 millones de €), “no se llegaría a cubrir la mitad de éste déficit” (13.500/2=6.500 millones de €).
b) “No es viable aumentar este impuesto, pues España ya es de los países que más grava «la riqueza»”.
c) “Lo peor está por llegar”: Hoy día, hay 2 trabajadores/1 pensionista. En 25 ó 30 años habrá 1 trabajador/1 pensionista, aunque se reduzca completamente el paro, pues aunque aumente el número de trabajadores, los pensionistas lo van a hacer a un ritmo mayor.
d) Este impuesto «sobre las grandes fortunas», al que llama secundario y marginal, no puede solucionar este exagerado desequilibrio demográfico.
Ante esto, el citado profesor de economía de la escuela Austríaca, dice que “El verdadero plan oculto del PSOE para cuadrar las cuentas de la Seguridad Social es copiar el modelo de financiación existente en Francia (la llamada Contribución Social Generalizada)”. Y ¿En qué consiste? Pues Rallo suelta “la bomba”: en “imponer un tributo adicional sobre todos los trabajadores, parados y pensionistas equivalente al 7,5% de sus salarios y rentas anuales”. Y opina que esta exacción hará que los trabajadores paguen más en cotizaciones sociales para su jubilación, pero que esto no incrementará la pensión futura. Esto contribuiría a un ingreso fiscal de alrededor de 25.000 millones de €, “a costa de empobrecer y descapitalizar a las clases medias”.
Y concluye que esto se hará así “al no reconocer que el Sistema Público de Pensiones (de Reparto) “es una insostenible estafa transgeneracional”, por no decir que este sistema se debería transformar en uno que sea más claro y más justo: de capitalización individual, o seguros de ahorro, u otro sistema de ahorro para la jubilación, que sea independiente de la solidaridad entre generaciones.
Nosotros añadimos que durante la Legislatura de Aznar (1996-2004) ya se intentó, por parte del Gobierno, abrir un debate (que duró más de 1 año) para estudiar si sería posible la transición del Sistema Público de pensiones (de Reparto) a un Sistema Privado de capitalización individual de pensiones (de Capitalización), o a uno mixto (parte privado, parte público), en el que intervinieron de manera muy notoria el Círculo de Empresarios y expertos en el sector de Seguros, incluso el experto que hizo esta transformación en Chile en noviembre de 1980 (su exministro del Trabajo, José Piñera). Este intento encontró entonces la oposición de los partidos llamados de izquierdas y otros, así como el de las fuerzas sindicales y otros colectivos, para pasar a un Sistema privado de capitalización individual desde el Sistema de Pensiones público actual (de Reparto). Experiencia que, como decimos, ya se implantó en Chile, y habiendo solicitado -y recibido- del experto chileno, José Piñera, “el estudio para España”, sobre el que finalmente no hubo consenso para aplicarlo.
Mientras tanto y de momento, la esperanza está en impulsar el crecimiento económico, fomentar la natalidad con propuestas fiscales, apoyar a los inmigrantes a que se adapten a nuestra sociedad para que se queden aquí, formar a las personas para los empleos del futuro con un gran Pacto por la educación, para que puedan incorporarse al mercado de trabajo y para que las empresas busquen y encuentren el talento de nuestra sociedad aumentando la empleabilidad, además de mantener vivo el Pacto de Toledo para pactar entre todos los grupos políticos que se mantenga estudiando permanentemente cómo ir adaptando las prestaciones de las pensiones, según la evolución de la demografía y la economía. Pero estamos tardando.
Economista. Almansa.